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Aún no es ley, pero este martes dio un paso clave en la Cámara de Diputados.
Con 121 votos a favor, 4 en contra y 14 abstenciones fue aprobado en general el proyecto que previene y sanciona la violencia gineco-obstétrica. Más conocido como “Ley Adriana”.
LEY ADRIANA 📰| Sala aprobó en general proyecto que previene y sanciona la violencia gineco-obstétrica.
El proyecto incluye como una obligación de los establecimientos de salud acoger el plan de parto presentado por la mujer o persona gestante. https://t.co/NTnP1frLzB
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) October 12, 2021
Se trata de agresiones físicas o verbales que viven las mujeres durante el proceso de atención de su embarazo, parto y postparto, y que es considerada una violación a los derechos humanos.
El problema es que muchas veces este problema ha sido invisibilizado, tanto que incluso organismos como la ONU han intentado hacerse cargo, por ejemplo con un estudio que en 2019 evidenciaba que esta es una práctica generalizada y sistémica.
Entre estas prácticas abusivas se incluyen aquellos métodos o estrategias médicas para obligar a las mujeres a realizar cierto procedimiento, aún en contra de su voluntad.
Por ser objeto de indicaciones, la iniciativa volvió a la Comisión de Mujeres para su análisis en particular donde se seguirá discutiendo.
En concreto, el proyecto busca garantizar derechos durante la gestación, preparto, parto, postparto y aborto en las tres causales. La moción es fruto de un trabajo conjunto con organizaciones ciudadanas unidas en la Mesa por el Parto Respetado.
La norma busca regular, garantizar y promover derechos de la mujer o persona gestante, su bebé, el padre o persona significativa en las diferentes etapas. Así, también, busca garantías en torno a la atención en salud sexual y reproductiva.
El proyecto se rige por los principios de dignidad en el trato, autonomía de las mujeres, privacidad y confidencialidad, respeto por la interculturalidad, interpretación desde los derechos humanos y transparencia de los establecimientos de salud.
Un aspecto interesante del proyecto es el plan de parto. Este consiste en que los establecimientos de salud estarán obligados a acoger la decisión de la madre sobre cómo parir.
Es decir, es la mujer quien establece sus deseos, necesidades y decisiones sobre este proceso. Aquí se incluyen las etapas de pre-parto, parto, postparto, nacimiento y lactancia.
Igualmente, se señala como un derecho el participar en talleres prenatales, los que deberán promover los derechos establecidos en esta norma. El Estado, a través de sus órganos, deberá facilitar el acceso por libre elección a estas actividades.
Finalmente, el proyecto establece artículos sobre la prevención y educación en torno a la violencia gineco-obstétrica. Junto a esto, determina la responsabilidad médica y los procedimientos de reclamación cuando se vulneren los derechos.
La ley lleva el nombre de Adriana Palacios, una joven de 19 años que el 2 de agosto de 2017 y con 40 semanas de embarazo, comenzó su trabajo de parto y acudió al SAPU de Pozo Almonte en la Región de Tarapacá, lugar donde la enviaron en cinco oportunidades de vuelta a su casa por “no encontrarse lista para el parto”.
Allí inició una seguidilla de negligencias médicas, malos tratos y violencia obstétrica por parte de los profesionales de salud que la atendieron.
Finalmente, luego de mucho esperar, el 4 de agosto Adriana fue trasladada al Hospital de Iquique, donde su hija Trinidad nació sin vida, producto de sufrimiento fetal.
Romántica TV
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