Antes de fin de año.
Esa es la meta que se propuso el Gobierno para tener en aplicación las tobilleras electrónicas.
Esto, para quienes sean formalizados por casos de violencia intrafamiliar y tengan prohibición de acercarse a la víctima.
Esto luego de que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, acordara fusionar el proyecto del Ejecutivo, aún en primer trámite, con una iniciativa de la senadora Adriana Muñoz, que va en el mismo sentido y que se encuentra en comisión mixta, en los últimos pasos de la tramitación en el Congreso.
Lo anterior permitirá acelerar el debate y promulgarla, idealmente, en mayo. Y es que considerando que tras su promulgación hay seis meses de “vacancia”, en la práctica, la Ley podría regir antes de fin de año.
“Todos sabemos que el incremento de las agresiones a mujeres, incluso de femicidio, una vez que estas (las mujeres) denuncian, ha sido una realidad, porque Carabineros no logra controlar las medidas que prohíben el acercamiento“, reconoció el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Ante ello, la idea es que “se instale el monitoreo telemático como medida cautelar tanto en Tribunales de Familia, como penales“, puntualizó.
¿En qué casos aplicaría?
A pesar de que la iniciativa concita un apoyo político transversal, un punto importante a aclarar son los requisitos para su aplicación.
En este sentido, la diputada Maite Orsini (RD), presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja, considera que estos pueden hacerla “impracticable”.
El texto dice que debe haber “antecedentes que permitan presumir fundadamente que se ha cometido un delito, que existan antecedentes graves y calificados que permitan al juez considerar que es indispensable, o sea que sin esto no se logra proteger a la víctima“, cuestionó.
“Y además el informe de riesgo, entonces me preocupa muchísimo que aprobemos un proyecto de ley que finalmente sea imposible de acceder por parte de las mujeres víctimas de violencia”, finalizó.